En su momento ya os aseguramos que el “Caso Cursach” acabaría siendo el guión de una de las grandes series de las décadas venideras. Y viendo como se suceden los acontecimientos, cada vez tenemos menos dudas. Se trata sin duda de una de las mayores redes de corrupción en la historia moderna del estado español, y a pesar de que los grandes medios de comunicación se empeñen en ocultarlo, acabará sabiéndose la verdad. Aunque probablemente será tarde. Si no conocéis el caso os recomendamos que echéis un vistazo al post que publicamos hace unos meses explicando la trama. Si estáis al día, atentos porque la exclusiva de Público es realmente impactante. Se trata de un informe policial (725 folios y casi 2.500 más en anexos) con todos los detalles del funcionamiento de la red de corrupción del PP durante las últimas décadas en Baleares, y que el juez del caso ha ocultado.  Sólo el comienzo de dicho informe ya deja claro su contenido:

A través de la presente investigación, en el marco de las Diligencias Previas 1176/14, del Juzgado de Instrucción número 12 de los de Palma, se da cuenta de la existencia en la administración autonómica Balear y, al menos, en la administración municipal Palmesana, de una estructura paralela a la política y funcionarial que, a modo de rémora o parásito, está causando desde hace muchos años un perjuicio a la ciudadanía y un brutal menoscabo de la seguridad jurídica y el bienestar que las administraciones están obligados a proporcionar a los ciudadanos administrados“.

Las conclusiones del informe son también incontestables:

Pues bien, lo expuesto de forma extensa y detallada en el presente informe, permite, en primer lugar, concluir que está perfectamente demostrada la existencia de una organización criminal que, de forma premeditada y totalmente dolosa, diseño y ejecutó, a lo largo del tiempo, un plan con la finalidad de controlar ilícitamente la administración para poder servirse de ella y para poder utilizar sus poderes exorbitantes como instrumento esencial de sus actuaciones ilícitas, totalmente contrarias al Principio de Legalidad y a la actuación objetiva en pro del interés Público“.

Este  informe ha sido realizado por el Grupo de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, y sin duda su contenido debería causar un auténtico terremoto social en un estado de derecho moderno. Sin embargo en España el caso no está levantando demasiado revuelo. Es mas, desde que la UDEF emitió el informe, gran parte de los imputados han conseguido paralizar las pesquisas sobre esta trama de corrupción a gran escala, e incluso la unidad encargada del caso fue desmantelada.

Os dejamos con algunos extractos del informe policial. No tiene desperdicio:

“…los hechos que nos vienen ocupando en los últimos años, causantes de las diferentes piezas separadas que se han ido creando, no podían ser fruto de una casualidad o de una actuación puntual, sino que se correspondería plenamente con la estructura de una organización criminal plenamente establecida y asentada en el tiempo“.

“José María Rodríguez (hombre fuerte del PP en Baleares) se percata de que, para llevar a cabo sus planes delictivos, la forma de acceso debía ser mediante el asalto al poder que le permitiera disponer de recursos suficientes. La única forma era acceder a un partido político (AP/PP), donde se puede manejar con cierta habilidad en el desarrollo de sus pIanes, conforme a su trayectoria profesional”.

“La metodología de funcionamiento de la maquinaria criminal es compleja en su sencillez. Lo primero que llama la atención es que se crea una cultura de fidelización entre la organización y el “soldado”, incluyendo a éste en la propia cultura de la organización y condicionando la misma desde posiciones muy bajas dentro de la estructura”

“El perfil de los encartados es el que se detalla a lo largo del informe, personas sin escrúpulos, capaces de vulnerar el ordenamiento jurídico de forma constante y permanente en el tiempo, a pesar de las resoluciones judiciales emitidas por el orden de lo contencioso administrativo, con la única finalidad de colocar en los puestos clave a las personas que más interesa a la organización criminal”.